En 2024 surgió una iniciativa que rápidamente captó la atención de millones de jugadores y defensores de los derechos digitales: Stop Killing Games (SKG). Impulsado por el youtuber y activista estadounidense Ross Scott, el movimiento nació con un objetivo claro: proteger los derechos de los consumidores en la industria del videojuego y garantizar la preservación y el acceso continuo a los títulos multijugador, especialmente aquellos que dependen de servidores online.
El detonante que disparó la indignación de la comunidad gamer fue el abrupto cierre del videojuego “The Crew”, lanzado en 2014 por Ubisoft. En marzo de 2024, la compañía no solo retiró el juego de las tiendas digitales, sino que además desactivó sus servidores sin ofrecer alternativas para quienes ya lo habían comprado. Esta acción dejó a miles de usuarios sin acceso a un producto por el que habían pagado, marcando un precedente alarmante para el futuro de los videojuegos como medio cultural y bien de consumo.
La situación no es aislada. A lo largo de los años, múltiples compañías han retirado juegos de las plataformas digitales o han dejado de ofrecer soporte en línea sin previo aviso, afectando directamente a los jugadores que confiaron en su permanencia. Este patrón motivó a Ross Scott a levantar la voz en defensa de la conservación de los videojuegos y de los derechos del consumidor en la era digital.
Un millón de voces en defensa de los videojuegos
A inicios de julio de 2025, la campaña SKG alcanzó el millón de firmas en su petición pública, consolidándose como una de las iniciativas más relevantes en la historia reciente de la industria. Este hito generó un amplio debate en redes sociales y medios especializados, visibilizando la problemática ante una audiencia cada vez más preocupada por la pérdida de acceso a contenidos digitales adquiridos legalmente.
Sin embargo, no todo ha sido apoyo para el movimiento. El propio Ross Scott denunció públicamente al desarrollador indie Jason Thor Hall por intentar deslegitimar la causa, acusándolo de minimizar el impacto del cierre de juegos online y desinformar sobre las metas reales del movimiento. Esta polémica generó divisiones entre algunos desarrolladores independientes, pero no logró frenar el crecimiento del apoyo popular a la causa.
De internet al Parlamento Europeo
La repercusión de Stop Killing Games trascendió fronteras y llegó incluso a los pasillos del poder político. A comienzos de julio, la iniciativa fue presentada oficialmente ante la Unión Europea, donde obtuvo el respaldo de figuras influyentes. Uno de los apoyos más destacados fue el de Nicolae Ștefănuță, vicepresidente del Parlamento Europeo, quien manifestó públicamente su respaldo a la causa a través de sus redes sociales.
Ștefănuță se comprometió a explorar vías legislativas para proteger los derechos de los consumidores digitales y promover la preservación del patrimonio cultural que representan los videojuegos. Su apoyo ha sido interpretado como un paso importante hacia una posible regulación más estricta sobre la retirada de videojuegos del mercado digital y el cierre de servidores.
La resistencia de la industria: Video Games Europe
Pese al respaldo ciudadano y político, la iniciativa se enfrenta a una fuerte oposición por parte de Video Games Europe, uno de los principales lobbies del sector en el continente. Esta organización representa los intereses de gigantes de la industria como Take-Two Interactive, Nintendo, PlayStation, Warner Bros. Games, Microsoft y la propia Ubisoft, entre otras grandes marcas.
Según SKG, este bloque corporativo busca bloquear cualquier intento de legislación que obligue a las empresas a mantener sus juegos accesibles o a liberar sus servidores tras el cierre, lo cual limitaría el control que estas compañías tienen sobre sus productos una vez que han sido vendidos.
Ross Scott y su equipo han acusado a este lobby de anteponer los beneficios comerciales al derecho de los consumidores a conservar lo que han comprado, señalando que la falta de regulación convierte al usuario en rehén de decisiones empresariales unilaterales.
¿Qué busca realmente Stop Killing Games?
El movimiento no exige que las empresas mantengan los servidores de todos sus juegos activos indefinidamente, algo que podría ser inviable a largo plazo. En cambio, propone medidas más realistas y sostenibles, como:
La obligación de avisar con suficiente antelación antes de cerrar los servicios de un juego.
La publicación de versiones offline o liberadas del software cuando el soporte oficial termine.
La creación de mecanismos legales que garanticen la conservación y accesibilidad de los títulos adquiridos, especialmente en los casos donde la jugabilidad depende exclusivamente de una conexión a internet.
Un debate que recién comienza
La batalla de Stop Killing Games marca un antes y un después en la relación entre consumidores y empresas dentro del ecosistema digital. A medida que los videojuegos continúan consolidándose como uno de los pilares culturales y económicos del siglo XXI, surgen nuevas preguntas sobre qué significa realmente ser dueño de un producto digital.
La discusión iniciada por Ross Scott resuena más allá del entretenimiento: apunta al corazón mismo de los derechos digitales y la conservación del patrimonio cultural en la era de lo intangible. Mientras la iniciativa avanza hacia instancias políticas más formales, el futuro de los videojuegos como medios accesibles y perdurables está hoy más en juego que nunca.
