La plataforma de retransmisiones en directo Kick vuelve a estar en el centro de la polémica tras la trágica muerte del creador francés Raphaël Graven, conocido en Internet como Jean Pormanove. El pasado 18 de agosto, el streamer falleció durante una retransmisión en vivo seguida por cerca de 10.000 personas, un suceso que ha desatado una cascada de reacciones políticas, sociales y judiciales a ambos lados del mundo.
Las consecuencias podrían ser muy graves para la compañía: en Australia, país donde tiene su sede, se enfrenta a una posible multa de hasta 50 millones de dólares. En Francia, en paralelo, la justicia ha abierto nuevas investigaciones para determinar si Kick incurrió en difusión de violencia y negligencia en la moderación de contenidos.
El maratón que terminó en tragedia
Graven, de 46 años, se había embarcado en un reto de 300 horas de transmisión continua. Durante la maratón, no solo aparecía durmiendo largas jornadas frente a la cámara, sino también siendo objeto de insultos, burlas y agresiones por parte de otros dos streamers, que justificaban el espectáculo alegando que todo formaba parte de una “puesta en escena”.
La situación se tornó dramática cuando el creador permaneció casi una hora sin signos vitales antes de que sus compañeros intentaran reanimarlo en directo, sin lograrlo. El informe forense determinó que su muerte no tuvo un origen traumático ni estuvo provocada directamente por terceros, aunque muchos expertos apuntan a que la presión psicológica, la exposición extrema y las vejaciones sufridas durante meses pudieron contribuir a su deterioro y desenlace.
Francia y Australia reaccionan
La tragedia ha tenido un fuerte eco político. La ministra francesa de Transición Digital, Clara Chappaz, anunció que el Gobierno presentará una demanda contra Kick por infringir la ley de confianza en la economía digital. “Jean Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick”, denunció en sus redes sociales, reclamando responsabilidades inmediatas.
La Fiscalía de París, por su parte, abrió una investigación adicional a la que ya había iniciado la Fiscalía de Niza, con el objetivo de esclarecer si la plataforma difundió deliberadamente contenidos que atentaban contra la integridad de las personas. De confirmarse, Kick podría haber incumplido de forma directa la normativa europea sobre servicios digitales (DSA).
Mientras tanto, en Australia, el Comisionado de Seguridad Electrónica considera el caso como un ejemplo grave de falta de control en los contenidos emitidos. Según medios locales, la sanción podría alcanzar los 50 millones de dólares, y el proceso podría desembocar en nuevas regulaciones para todas las plataformas de streaming con sede en el país.
La respuesta de Kick y un movimiento en España
Presionada por el aluvión de críticas, Kick emitió un comunicado en el que aseguró que revisará sus políticas de moderación y supervisión, aunque evitó asumir responsabilidad directa en el fallecimiento de Graven.
En paralelo, la compañía anunció el cierre del canal de los españoles Simón Pérez y Silvia Charro, cuya actividad había generado gran controversia en los últimos meses por mostrar consumo de sustancias tóxicas en directo, alentado en ocasiones por su propia audiencia. “Todos los usuarios deben cumplir con las leyes y regulaciones de sus países. No se tolerará el fomento de conductas ilegales ni la explotación de la salud de los creadores”, señaló un portavoz de la empresa.
Un debate abierto sobre los límites del streaming
La muerte de Raphaël Graven ha reavivado un debate que llevaba tiempo latente: los riesgos de la exposición extrema en el mundo del streaming. Retos de maratones interminables, la humillación como espectáculo y la explotación de la vulnerabilidad de algunos creadores se han convertido en prácticas habituales para captar audiencia.
Aunque quienes gestionaban el canal del streamer fallecido insistían en que las agresiones eran “guionizadas”, la línea que separa la ficción de la violencia real es cada vez más delgada. Esta ambigüedad genera inquietud entre gobiernos, organismos reguladores y asociaciones de usuarios, que reclaman mayor responsabilidad a las plataformas.
El caso, todavía bajo investigación en Francia y Australia, podría marcar un precedente histórico en la regulación del streaming. Además de sanciones millonarias, se estudia la posibilidad de que los directivos de Kick asuman responsabilidades penales, lo que abriría un nuevo capítulo en la forma en que se controla el contenido en Internet.
